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Desde 1960 ayudando a prevenir la discapacidad mental

DATOS UTILES

Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad

PNUD ARG/97/047/E/01/99

Dirección:

Av. Belgrano 737, 4º piso (C1067ABP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel / Fax: (11) 4342 0131
e-mail: postmaster@cndisc.gov.ar

Programa Presupuestario:

021 - Actividad: 02 - Sistemas de Prestaciones Básicas - SAF Secretaría General de Presidencia de la Nación

Institución Responsable / Coordinador:

Presidencia de la Nación - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas: Presidente

Localización:

Hasta el momento han adherido 17 provincias, de las cuales 16 han suscripto convenio, a saber: Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, La Rioja, Formosa, Catamarca, Chaco, Santa Fé, Salta, San Juan, San Luis, Misiones, La Pampa, Jujuy y Río Negro.

Organismos responsables de la ejecución del programa en las provincias:

Tucumán:
Consejo Provincial Asesor para la Integración

de Personas con Discapacidad.
Gobernación de la Provincia de Tucumán.
25 de Mayo 90 - San Miguel de Tucumán (4000)
Tel: 0381 4211588/4211480 int 475

Chubut:
Dirección Provincial de Discapacitado.
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia.
9 de julio 280 - Rawson (9103)
Tel: 02965 481119 - Fax: 02965 481119

Santa Cruz:
Subsecretaría de Salud Pública - Ministerio de Salud.
Salta 75 - Rio Gallegos (9400)
Tel: 02966 420491/4/7

Córdoba:
Comisión Provincial del Discapacitado.
Ministerio de Asuntos Institucionales y Des. Social.
Av. Velez Sarsfield 2311 - Córdoba (5003)
Tel: 0351 4688511/4688549/4688545 - Fax: 03514688566

La Rioja:
Consejo Asesor Provincial de Discapacidad.
Secretaria de Salud & Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Pelagio B. Luna 336 - La Rioja (5300)
Tel: 03822 47822/426345 - Fax: 03822 453045

Formosa:
Dirección de Minoridad y Familia - Ministerio de Desarrollo Humano.
Eva Perón 328 - Formosa (3600)
Tel / Fax: 03717 449834

Catamarca:
Comisión Provincial de Discapacidad.
Ministerio de Salud y Acción Social.
Mota Botello 114 - Catamarca (4700)
Tel: 03833 437637/46 - Fax: 03833 436634

Chaco:
Comisión Provincial Asesora para la Integración
de Personas con Discapacidad.
Ministerio de Salud Pública.
M. T. De Alvear 143, 8º piso - Resistencia (3500)
Tel: 03722 448028/29/30 - Fax: 03722 448028

Santa Fe:
Comisión Provincial de Personal con Discapacidad.
Secretaría de Estado General y Técnico de la Gobernación.
3 de febrero 2649 - Santa Fé (3000)
Tel: 0342 4595397 - Fax: 0342 4506700 int 1382

Salta:
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de la Gobernación de Desarrollo Social.
Av. Belgrano 1349 - Salta (4400)
Tel: 0387 4314233 - Fax: 0387 431 5143

San Juan:
Consejo Provincial para personas con Discapacidad.
Ministerio de Desarrollo Humano.
Córdoba 150 E - San Juan (5400)
Tel: 0264 4226609 - Fax: 0264 42273179

San Luis:
Dirección Provincial de Calidad de Vida.
Ministerio de Desarrollo Humano y Social.
Ayacucho 945 PB - San Luis (5700)
Tel: 02652 430485/428461

Misiones:

Depto. De Atención Integral al Discapacitado.
Ministerio de Bienestar Social, Mujer y Juventud.
Centro Cívico, Edificio 2, Chacra 172
Tel: 03752 447209/447212 - Fax: 03752 447209

La Pampa:

Comisión Provincial del Discapacitado - Ministerio de Bienestar Social.
Tierra del Fuego 521- Santa Rosa (6300)
Tel: 02954 433010/422766

Jujuy:
Consejo Provincial - Ministerio de Bienestar Social.
Av. Italia 45 - San Salvador de Jujuy (4600)
Tel: 0388 4221267/4221287

Río Negro:
Consejo Provincial de Discapacidad - Ministerio de Bienestar Social.
Laprida 226 - Viedma
Tel: 02920 421833/427631

Fuente de Financiamiento:


Fondos Ley Nº 24452 (ley de cheques) con administración de PNUD.
A partir de la derogación del art. 62 de la ley 24452, el Estado debe garantizar la atención del programa con recursos de Fuente 11.

Objetivo General:


La Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas-1975) proclama en sus art. 6, 8 y 9 que:
"La persona discapacitada tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; la readaptación médica y social; a la educación; a la formación y readaptación profesionales; a las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social". "La persona discapacitada tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social". "La persona discapacitada tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la sustituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ninguna persona discapacitada podrá ser obligada, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado a la mejoría que se le podría aportar si fuese indispensable la permanencia de la persona discapacitada en un establecimiento especializado, el medio y sus condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad".

En la Argentina el marco jurídico que contempla la situación de las personas con discapacidad ha procurado desarrollar en el transcurrir
 de los años un extenso y específico campo, particularmente en materia de equiparación de oportunidades.

El objetivo primordial de todas las medidas legales contempladas ha sido fundamentalmente, el de la integración social de las personas discapacitadas, garantizando el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales en un plano de igualdad respecto de todos individuos que componen el entorno social.

En muchos países estas medidas tienen rango Constitucional, tal como es el caso de la Constitución de la Nación Argentina, Capítulo VI - Atribuciones del Congreso - Art. 75º donde se prevé: "...Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución (...) en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad...".

Así también, la Constitución Española en su Art. 49º, determina que "los poderes poeblicos realizarán una política de prevención, rehabilitación, e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que ampararan especialmente para el disfrute de los derechos que se otorgan a todos los ciudadanos".

Un texto similar se halla incorporado como Art. 71º de la Constitución de Portugal; y en la Constitución Federativa del Brasil en su Título VIII - Cap. VII, Art. 224 y 227, tienen disposiciones similares, así como en la Constitución del Estado de San Pablo existen normas de prevención e integración de niños, adolescentes y adultos con deficiencia (Cap. VII, Art. 55, 279 y 280). En cuanto a las Constituciones de las provincias argentinas, cabe mencionar a las de La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En el campo de la legislación, existen tres tipos de normas legales relacionadas con los derechos, servicios y beneficios para las personas con discapacidad:

1º) Legislación especial con alcance general, normas que regulan las áreas de salud, asistencia social, trabajo, arquitectura y accesibilidad para todas las personas con discapacidad (Ley 22.431 y Leyes Provinciales de Integración).

2º) Legislación especial para con alcance particular (Ley 20.475 de Jubilaciones y Pensiones - Régimen Especial para Minusválidos Ley 20.888 - Régimen Especial de Jubilaciones y Pensiones para afectados de ceguera congénita o adquirida, Régimen de Concesiones para Ciego y/o Disminuidos Visuales).

3º) Legislación general con especificaciones para las personas con discapacidad (Ley 24.013 - Ley Nacional de Empleo). Esta normativa
se inscribe en los principios de normalización e integración, ya que dentro de una ley general de empleo existen normativas específicas para el trabajador con discapacidad.

Si bien la legislación argentina prevé normativas específicas en aspectos tales como trabajo, salud, seguridad social, exención impositiva, telecomunicaciones, antidiscriminación, etc., no cabe duda que las leyes esenciales en la materia son las que crean el "Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas" - Ley 22.431 promulgada el 16 de Marzo de 1981 y la Ley 24.901 "Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad".

La Argentina está cumplimentando con las prioridades de acción contenidas en la "Carta de los Años 80" y el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, que enfatizan el derecho de estas personas a la participación y a la igualdad plena. Asimismo, adhiere a los instrumentos internacionales que establecen que la persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa lo más normal y plena que sea posible y a las recomendaciones sobre la formación profesional y pleno empleo, tanto en zonas rurales como urbanas.

En concordancia, pues, con las recomendaciones del Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, se creó, por Decreto 1101/87, la Comisión Nacional Asesora para la Integración para las Personas Discapacitadas.

Desde este organismo, se tiene como responsabilidad primaria: "Coordinar, normatizar, asesorar, promover y difundir, con carácter nacional, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión, nivel socioeconómico, asegurando una equitativa distribución y acceso a los beneficios que se instituyan".

La Ley 24.901 "Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad", el Decreto 762/97, por el que se crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y el Decreto 1193/98, Reglamentario de la Ley de Prestaciones Básicas, crean la estructura jurídico institucional necesaria para la implementación del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La administración del Sistema así descripto, se encuentra a cargo del Directorio Nacional del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de Personas con Discapacidad, y se compone de representantes de todos los organismos gubernamentales responsables del mismo, a los que se suma la participación de organizaciones de sociedad civil.

Objetivos Específicos:

1. Implementar en forma gradual, participativa y en consenso con las Jurisdicciones Provinciales y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, una red que contemple los actuales recursos con el nivel de complejidad necesaria que garantice el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones básicas de prevención, de rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y asistenciales que necesitan para su rehabilitación integral.

2. Promover la creación en las diferentes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries de los recursos institucionales necesarios para certificar y registrar las situaciones de discapacidad y categorizar y acreditar a los servicios de atención encargados de brindar las prestaciones básicas de prevención, de rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y asistenciales que figuran en el aprobadas
por Nomenclador, a las personas con discapacidad que lo necesiten.

3. Brindar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la asistencia técnica y la capacitación necesaria para la creación y desarrollo de los recursos institucionales necesarios para la puesta en marcha del marcha el Sistema.

Modalidad de Ejecución:

El presente proyecto desde 1998 se ha orientado a la puesta en marcha del plan estratégico Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, a fin de fortalecer la capacidad de los organismos integrantes del Sistema y promover el desarrollo integral y armónico en todas las jurisdicciones. En este sentido, se han establecido las siguientes líneas de acción del proyecto:


(i) La reingeniería institucional de los distintos organismos integrantes del Sistema Único.

Para que los organismos integrantes puedan desarrollar los roles queles corresponden en el Sistema Único, es necesario continuar, con distinto alcance segoen los casos, con la reestructuración y reorganización de determinadas líneas de trabajo, la calificación y reconversión del personal y el fortalecimiento temporal de aquellas áreas claves que no puedan ser adecuadamente atendidas con los recursos humanos actualmente asignados. En particular, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas y el Servicio Nacional
de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad deberán constituir un equipo de seguimiento y control del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Para responder a esta necesidad se viene prestando de asistencia técnica, capacitación en servicio, como así también se realizan contrataciones, por un tiempo determinado, de profesionales que refuercen la capacidad de las áreas claves.

(ii) La definición e implantación de un sistema de información y control de la gestión.

Contar con un sistema de organización, tratamiento y recuperación de información sobre beneficiarios, prestadores y prestaciones, control de la gestión, administración contable y generación de informes y estadísticas, es una consecuencia de la complejidad organizativa del Sistema Único, posibilitará a los organismos integrantes la posibilidad de disponer de un acceso inmediato a la información y a los datos claves con el objetivo de garantizar la calidad y celeridad de la atención, agilizar los trámites y lograr una eficiente asignación de los recursos.

Para implementar el sistema de información y control de la gestión, el proyecto posee componentes de asistencia técnica (para el análisis de las necesidades que debe cubrir el sistema, la definición de las soluciones técnicas a implantar y el desarrollo de las aplicaciones); adquisición del equipamiento (físico, lógico y de comunicaciones); contratación temporal de personal y capacitación de los recursos humanos asignados a la operación del sistema de información y control de la gestión.

(iii) La normatización del sistema de certificación de la discapacidad.

El eje central de la política integral de atención de las personas con discapacidad que el Sistema Único de Prestaciones Básicas está instrumentando, es la valoración y posterior calificación de la situación

de discapacidad, que contemple caso por caso y en su más precisa realidad las necesidades de rehabilitación y asistencia, para definir un mejor tratamiento y unas más justas y equitativas prestaciones.

Se cuenta con la definición de las normas del sistema de certificación, a lo que se suman los instrumentos y manuales técnicos correspondientes, como así también el desarrollo de programas de capacitación de los equipos de evaluación de discapacidades y orientación prestacional, para asegurar una aplicación homogénea de los criterios de valoración y orientación en todo el territorio nacional.

Para responder a esta necesidad, el proyecto brinda asistencia técnica y capacitación, incorpora profesionales con el objeto de reforzar el equipo interdisciplinario de evaluación y de orientación de personas con discapacidad, a constituir en el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, cuando fuera necesario y en formal temporal.

(iv) La puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

El Registro Nacional se configura como el instrumento para asegurar la universalidad, que permite dotar a la persona con discapacidad de un documento de acceso a las prestaciones, cualquiera que sea su cobertura asistencial, y a la vez asegura la obtención de los datos necesarios para la planificación y gestión del Sistema (tipo y gravedad de la discapacidad, diagnóstico funcional, orientación prestacional, tipo de cobertura asistencial, etc).


El organismo responsable del Registro Nacional de Personas con Discapacidad es el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, en cuyo seno deberá constituirse un equipo interdisciplinario de evaluación y orientación de personas con discapacidad, teniendo a su cargo el reconocimiento de la situación de discapacidad, la evaluación de las capacidades funcionales y la orientación prestacional de las personas con discapacidad, así como la certificación de la situación de discapacidad y su inscripción en el Registro. Asimismo, deben instrumentarse los procedimientos para asegurar la inscripción en el registro de las certificaciones emitidas por los equipos de valoración que funcionan en las diversas jurisdicciones provinciales, y para la coordinación con el Padrón Base del Sistema Nacional de Salud.

Para responder a esta necesidad, el proyecto prevé asistencia técnica para la definición de los instrumentos, procedimientos, manuales y aplicaciones para la gestión del Registro y su enlace con las bases de datos del Padrón Base del Sistema Nacional de Salud; la contratación de profesionales que refuercen temporalmente el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, y la capacitación del personal del Servicio Nacional de Rehabilitación asignado a estas tareas.

(v) El establecimiento de un sistema de Categorización y Acreditación Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

La puesta en funcionamiento de un sistema de Categorización y Acreditación de Prestadores de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad es también una condición necesaria para la puesta en marcha del Sistema, y se constituye como la garantía básica de la idoneidad de la oferta prestacional y de la calidad de la atención.


La responsabilidad en materia de categorización y acreditación de prestadores recae en el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, que elaboró la propuesta de normatización de la categorización de servicios (definición de estándares de calidad, categorización de prestadores, etc.).Asimismo, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad conforma la junta nacional de Acreditación y Categorización de Prestadores de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad.

Para responder a esta necesidad el proyecto prevé asistencia técnica para la definición de los estándares de calidad y de las categorías de clasificación de los prestadores; la elaboración de los instrumentos, procedimientos, manuales y aplicaciones para la gestión de la categorización y acreditación y la comunicación con la Superintendencia de Servicios de Salud; la contratación de profesionales que refuercen temporalmente el equipo interdisciplinario de evaluación y acreditación de prestadores y la capacitación del personal que constituirán las Juntas de Evaluación de Prestadores de las Jurisdicciones Provinciales.

Criterios de focalización:

Personas con discapacidad que no reciben una atención adecuada para lograr su inserción sociolaboral.


Demanda potencial:

La Organización Mundial de la Salud sostiene que en países en desarrollo, la población que tiene algoen tipo de discapacidad por causa de una deficiencia física, psíquica o social es de aproximadamente entre un 7 y un 10 por ciento. Basándonos en esto, podemos estimar que en la Repoeblica Argentina hay aproximadamente 2.590.000 personas con discapacidad, de las cuales, segoen la OPS, un 7% viven en condiciones de desventaja y muy lejos de alcanzar una verdadera integración social y laboral acorde a sus posibilidades.

De esto se desprende que aproximadamente 181.300 personas requieren la atención del Programa de Prestaciones Básicas.

Asimismo se estima que del total de las personas discapacitadas que debe atender el Programa, un 40%, es decir, 72.500 personas, son carenciados, los cuales, por el art. 4 del decreto 1193/98, que reglamenta la ley 24.901, se establece que las provincias que suscribieron el convenio de adhesión, deben garantizar las prestaciones básicas a los carenciados, con financiamiento de la Nación.



Programa de Cobertura de las Personas con Discapacidad Carenciadas de la Provincia de Santa Fe


Nombre del Programa:
Programa de Cobertura de las Personas

con Discapacidad Carenciadas de la Provincia de Santa Fe.
Av. Belgrano 737, 4º piso (C1067ABP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel / Fax: (11) 4342 0131
e-mail: postmaster@cndisc.gov.ar

Programa Presupuestario: 021

Actividad: 02
Sistemas de Prestaciones Básicas.
SAF Secretaría General de Presidencia de la Nación.

Institución Responsable / Coordinador:

Presidencia de la Nación.

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas.
Presidenta: Prof. Sara A. Valassina

Localización
:


Provincia de Santa Fe.

Organismos responsables de la ejecución del programa:

Comisión Provincial de Personal con Discapacidad.
Secretaria de Estado General y Técnico de la Gobernación.
3 de febrero 2649 - Santa Fé (3000)
Tel: 0342 4595397 - Fax: 0342 4506700 int 1382

Fecha de Inicio y fin del programa:


Inicio: 01 de enero de 2001
Finalización: No se prevé fecha de finalización.

Fuente de Financiamiento:

Inicialmente se preveía su financiamiento con fondos provenientes

de la Ley Nº 24452 (ley de cheques). A partir de la derogación del
art. 62 de la ley 24452, el Estado debe garantizar la atención del programa con recursos de Fuente 11.

Objetivo General:

Garantizar a las personas con discapacidad residentes en la Provincia de Santa Fe, carentes de cobertura de obra social, régimen de seguridad social u otros regímenes de protección y que no dispongan de los recursos adecuados y suficientes para afrontar las prestaciones básicas en la habilitación y rehabilitación integral que necesitan, el acceso a dichas prestaciones en igualdad de condiciones con el resto de la población con discapacidad.

Objetivos Específicos:

1. Rescatar las potencialidades remanentes, físicas, psíquica

y sensoriales del individuo discapacitado.

2. Lograr una plena reinserción social, laboral, educativa y recreativa.

3. Crear una red de unidades de rehabilitación médica con base en los establecimientos asistenciales de acuerdo a sus diferentes niveles de complejidad.

4. Reducir la incidencia de complicaciones por captación tardía del discapacitado.

5. Reducir la incidencia de las complicaciones provocadas por la carencia de atención en rehabilitación.

6. Mejorar la calidad de atención del discapacitado en el 100% de los casos.

Modalidad de Ejecución:

La ejecución del proyecto está a cargo de los Organismos responsables de la Provincia de Santa Fe.

Criterios de Focalización:

Personas con discapacidad que no reciben una atención adecuada para lograr su inserción sociolaboral.

Demanda potencial:

La población discapacitada en la Provincia, alcanza un total de 279.800 personas, lo que representa un 8,6% de la población.

Programa residual del Consejo Nacional del Menor y la Familia:

Este Programa es ejecutado íntegramente por el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad y se hallaba financiado con fondos provenientes de la Ex Ley de Cheques. Ante el desfinanciamiento de dicha fuente, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, asumió el pago de dichas prestaciones.